Opción excepcional en situación de excepción(Editorial gara 22-02-08)

El Gobierno español no ha dudado en situarse a la cabeza de la demanda de una «transición democrática» en Cuba. Ha lanzado el consejo diplomático casi con la misma facilidad con la que se ha enrolado, junto a una minoría de socios comunitarios, en la batalla perdida contra la independencia de Kosovo. Esas dos tomas de posición pueden muy bien servir de coordenadas para situar el contexto y el ambiente político en que se presenta la campaña electoral que arrancó la pasada medianoche.
La ruptura del proceso de diálogo abierto en Euskal Herria, tras la negativa del PSOE (y el PNV) a alcanzar en Loiola un compromiso que habría permitido abrir una «transición democrática» en Euskal Herria, ha marcado la situación política de los últimos meses.
La amenaza del ministro Rubalbaca se ha visto cumplida con creces, y suman más de 200 las detenciones practicadas por las fuerzas policiales dentro de esa operación ininterrumpida de castigo a un sector político que no se resigna a que se frustre la posibilidad abierta para que Euskal Herria pueda decidir su futuro, en el contexto de esa Europa en la que cambian las fronteras y nacen nuevos estados como Kosovo.
La presente campaña electoral no va a discurrir en los mínimos parámetros exigibles a una democracia formal. Tras la ilegalización de las opciones independentistas, el debate de proyectos ha quedado abolido. Simplemente porque no es posible una campaña electoral al uso cuando se ilegalizan formaciones políticas y se excluye a decenas de miles de ciudadanos de la liza electoral. No es ni realista ni mucho menos responsable plantear esta campaña electoral como un oasis, como si esa quiebra de derechos no existiera.
¿O quizás a alguien le parece normal que poco antes de que arrancara la campaña oficial unos electos que anunciaron en rueda de prensa que su opción es la abstención activa el 9-M –una opción excepcional en una situación política de excepción– fueran retenidos por la Policía a la salida de un céntrico hotel de Iruñea?

Ayer, hoy, mañana (jesus valencia, educador social)

Del PNV y sus comparsas no espero otra cosa que la persecución, pero ¿de los impulsores de Erabaki? ¿Nos piden que mañana depositemos nuestra confianza en los «jauntxos» que llevan siglos traicionándonos?
El 18 de enero hizo su presentación pública la plataforma social Erabaki. El lema, en apariencia sugestivo, me dejó indiferente. Aleccionado por la vida, profeso una fe casi ciega en quienes refrendan con hechos lo que proclaman. Y no concedo ni un gramo de confianza a quienes dicen una cosa y hacen la contraria. Erabaki iniciaba aquel día su andadura; muchos de sus impulsores, presentados como «agentes sociales», mantienen conocidos vínculos con el PNV; los tentáculos de la «casa» son largos y las hipotecas que generan, fuertes.
Un mes más tarde, las dudas han ido a menos y los recelos a más. Proclame Erabaki lo que quiera y cuente con los respaldos que consiga; algunos de ellos, bastante corrosivos, por cierto. La nueva plataforma social se ha marcado un objetivo difícil de alcanzar: seducirnos para que depositemos nuestra confianza en «la casa»; será el PNV, y su largo cortejo de alabarderos, quien garantizará a este maltratado pueblo su derecho a decidir. Propuesta bastante chocante desde una perspectiva histórica. Los 30 años de esta maldita transición han sido ilustrativos; la burguesía vasca, liderada por el PNV, ha corregido y aumentado el sometimiento cortesano que sufrimos desde hace siglos. Elites vascas que no tuvieron ni tienen otro proyecto que el medro; ajenas a las tribulaciones de su pueblo -al que desprecian- y entregadas a los dictados de la Corte, a la que se someten. Ayer y hoy, visitadores incansables de las dependencias palaciegas para reiterar y dejar constancia de la sumisión que practican. Saben que su honor y sus prebendas penden de los hilos que maneja Madrid y que quien hoy te encumbra, mañana te pude defenestrar (el nuevo agente social Atutxa sabe mucho al respecto). Señoritos de actitud servil que, hoy como ayer, nos siguen dejando desvalidos frente a los atropellos imperiales. De ellos dijo Felipe II que eran «muy leales, fidelísimos vasallos y necesarios para la conservación de la monarquía» ¿S. XVI o s. XXI?
La pérdida de los Fueros supuso otra fuerte crisis de identidad para nuestro pueblo. Las elites vascas actuaron ante el problema foral con la misma ruindad con que hasta entonces: desastrosas defensoras de los intereses comunes. Mientras las clases populares daban la cara para oponerse a los sucesivos contrafueros en que incurría la corona, ellos jaleaban al Rey y ejecutaban los excesos regios con más rigor que la propia Corte. Sólo denunciaban el contrafuero cuando eran ellos los afectados. La historia de los jauntxos sumisos es muy actual. El tripartito no mueve, ni moverá un dedo, ante los terribles desafueros que se están cometiendo en estos días; sólo cuando tres de los suyos se han visto ligeramente amenazados, ha reaccionado con afectada dignidad. ¿Siglo XXI o s. XIX?
Si el ayer es clarificador, no lo es menos el hoy. El 10 de febrero, miles de personas quisieron reclamar en Bilbao su elemental derecho a ser ciudadanas. Las élites vascas, fieles a Madrid, movilizaron a cientos de hombres armados para ejecutar la política represiva del PSOE («El PNV es nuestro colaborador incondicional en estas estrategias», dijo Zapatero). El mismo día, a la misma hora y en la misma convulsionada Euskal Herria, estas elites colaboracionistas proclamaban, con exquisitez palaciega, su compromiso con el derecho a decidir. Palabras bellas y hechos miserables. Del PNV y sus comparsas no espero otra cosa que la persecución, pero ¿de los impulsores de Erabaki? ¿Nos piden que mañana depositemos nuestra confianza en los jauntxos que llevan siglos traicionándonos? Los impulsores de la iniciativa no han procedido como «agentes sociales». Actuaron como cómplices del entreguismo y encubridores de la represión.

Del árbol que oculta el bosque o el intento de negar el reflejo social de una «huelga política»

La izquierda abertzale lanzó el domingo pasado una convocatoria que tuvo como efecto inmediato la detención de catorce representantes políticos, de los cuales 11 ingresaban en prisión pocas horas antes de que en Euskal Herria comenzara una jornada de huelga general. A la vista del contexto político de la jornada movilizadora vivida ayer, no es exagerado afirmar que la izquierda abertzale logró dar un reflejo importante a su protesta. En una situación de máxima excepcionalidad para Euskal Herria, en que cada gesto político puede dar lugar a graves consecuencias penales, la primera consideración que cabe realizar es que la masa crítica independentista que existe en este país está activa y dispuesta a mostrarse en la calle. Ayer, miles de ciudadanos y de ciudadanas secundaron el paro, y apoyaron las manifestaciones impulsadas desde el ámbito sindical, para decir «stop» a una ofensiva estatal que trata de condicionar el cambio político en Euskal Herria.
La huelga general no tuvo igual reflejo en todos los sectores y todas las zonas, pero alteró la viva cotidiana... y la agenda de medios y políticos. Porque este país no se levanta todos los jueves con cortes de carreteras, interrupciones de servicios de cercanías, talleres y comercios cerrados, menos tráfico en los centros urbanos. El tratar de obviar ese hecho, perdiéndose como hizo ayer el consejero Joseba Azkarraga y algún representante de la patronal en disquisiciones sobre tantos por ciento de seguimiento de la huelga, roza el patetismo político. Por mucho que, aquejados de una especie de «síndrome Urdaci», desde Lakua y los medios de comunicación públicos se insistiera en un retrato aséptico de la «normalidad», lo cierto es que el 14-F no fue un día laboral más. Porque sí, señor Azkarraga, la de ayer fue una jornada de huelga «política», y por motivos políticos se movilizaron miles de trabajadores y trabajadoras que tienen pleno derecho a ser, participar y actuar en clave política.
Tras esas valoraciones oficiales de la huelga asoma, de partida, una actitud elitista de la actividad pública, que busca excluir al ciudadano del día a día político para limitar su acción política a dar un voto cada cuatro años. Y asoman más cosas. Entre ellas, el afán de ocultar que buena parte de los ciudadanos y ciudadanas que ejercieron legítimamente su derecho a la huelga debieron hacerlo, además, jugándose el tipo. Muchos de ellos se vieron sometidas a la presión constante de la Ertzaintza, y así se deduce de esa veintena de detenciones.
El consejero debería aclarar a la ciudadanía vasca si el derecho a la huelga, un derecho universal, sigue vigente en este país o si el tripartito lo ha derogado por su cuenta y riesgo a fin de utilizar todos los medios coercitivos de que dispone para impedir a un sector político que exprese su rechazo hacia una política de ilegalizaciones que, al menos en teoría, es rehusada por Lakua.
La evidente desproporción entre los medios que emplea el ejecutivo Ibarretxe para oponerse al Estado y los que utiliza para secundar al Estado en su ofensiva contra la izquierda abertzale se hace aún más patente ante jornadas como la vivida ayer, cuando se detiene a personas por encadenarse a un bidón en una carretera, colgarse del puente de Galindo o participar en piquetes informativos. A todas luces, la de ayer fue una jornada de reacción ciudadana, de respuesta social animada desde un sector político que en un tiempo récord, y disponiendo de mucho menos medios que los que utilizan las administraciones públicas, fue capaz de demostrar que el 14-F fue, cuanto menos, un jueves muy diferente.
La huelga que no existió la vieron los ciudadanos en los polígonos industriales, en las pequeñas localidades y en los centros de las ciudades; la huelga que no existió llevó a tomar partido a funcionarios, pero también a jugadores de fútbol, a comerciantes, y sus efectos alcanzaron incluso a programas conocidos de ETB. Con lo vivido ayer es difícil de sostener que la jornada de protesta no sirvió para canalizar una respuesta amplia, como es difícil de ocultar que, además de reflejar el malestar de la izquierda abertzale, el rechazo al «estado de excepción» se expresa en sectores y ambientes bien diversos.
Hacia el 9-M, y más allá
Como es sabido, tras una jornada de huelga general se abre el capítulo dedicado a las capitalizaciones, el capítulo de la gestión del resultado de la protesta. De partida, salta a la vista que esta protesta, que sigue a otras muchas movilizaciones, ha proyectado a una izquierda abertzale que no parece anclada en la fatalidad, sino más bien decidida a seguir haciendo política, por difícil que sea, para que se habilite un escenario democrático.
Por lo demás, el compromiso militante y la fuerte presencia de las gentes abertzales y de izquierda en todo Euskal Herria son dos factores que, diga lo que diga la propaganda oficial, descolocan e inquietan tanto al Estado como a los sectores más acomodaticios del autonomismo. Máxime cuando la movilización social puede relanzar a la izquierda abertzale en un contexto electoral en el que en su objetivo no ocultado es lograr el máximo de votos independentistas el

9-M.